Álvaro Bravo (@AlvaroBravo4) / por Causa
- Los expertos denuncian que en el caso de los chicos y chicas migrantes no acompañados se prima la condición de migrante frente a la de menores: «El Estado olvida que son niños, que son nuestro futuro»
- En 2020 se inscribieron 9.030 menores no acompañados en territorio español: según los expertos, no suponen ninguna presión extraordinaria para el sistema de acogida
«Según el CIS los jóvenes nacionales de media no alcanzan la independencia de sus padres hasta los 29 años. No podemos pensar que un joven extranjero de 18 años pueda conseguirla automáticamente al llegar a esa edad. El estado debe ayudar en ese camino», retrata los problemas de la juventud española con esta demoledora frase José Miguel Sánchez Tomás, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y letrado del Tribunal Constitucional. Es parte del encuentro digital El papel de la Unión Europea en la Protección de la infancia migrante organizado por la Federación SOS Racismo que tuvo lugar los días 24 y 25 de marzo.
En opinión del letrado del Tribunal Constitucional el sistema prima la condición migrante frente a la de menores para que después terminen con una irregularidad sobrevenida y puedan ser expulsados. «El estado olvida que son niños, que son nuestro futuro y prefiere verlos como migrantes», incide José Miguel Sánchez Tomás debido a que las autoridades públicas no persiguen la lógica de la inclusión, mientras recuerda el caso de la muerte de Illias Tahiri en un centro de menores de Almería. Una modificación de los artículos 197 y 198 de la ley Extranjería ayudarían a actuar bajo un principio de equidad con estos niños sin discriminarlos por su lugar de origen.
En la misma línea se pronuncia Elena Arce, responsable de Migraciones del Defensor del Pueblo. «¿Nuestro sistema de protección de la infancia puede cuidar a un niño de 15 años como si fuera una familia?», se pregunta Arce en vez de poner el foco en si se adaptan a nuestro sistema de protección. También cuestiona el término legal «menores extranjeros no acompañados» (MENA) porque les despersonaliza para hacernos olvidar que son chavales y chavalas a los que escuda la Ley de Protección del Menor.
Además, Arce menciona que uno de los problemas que tienen las autoridades es el registro de menores, cuyas cifras varían dependiendo de si las da la Fiscalía, Policía Nacional o las consejerías de cada Comunidad Autónoma, puesto que no hay un registro central. En el año 2019 hay 12.400 inscritos mientras que en 2020 hay 9.030 menores; de ellos, 869 son niñas, y la diferencia de más de 3.000 niños de un año para otro puede sugerir duplicidades. Arce asegura que no suponen ninguna presión extraordinaria al sistema de acogida.
Todos los participantes de la mesa redonda que analiza el marco jurídico español coinciden en que es necesario facilitar los trámites para acceder a un permiso de residencia. A criterio de Santiago Yerga, Director General de Migraciones, es una prioridad de su Ministerio crear una «pasarela segura» de la niñez a la etapa adulta para ofrecerles «las mismas oportunidades que los nacionales de su edad». A Yerga le parece que van en buena dirección medidas como la regularización temporal de 460 jóvenes en el sector agrícola en el año 2020, aunque también se les debe dar la oportunidad de continuar con sus estudios «sin obligarlos a trabajar al cumplir los 18 años»
Protección para niños y niñas
El Consejo de Europa está trabajando en un instrumento conjunto, sin carácter obligatorio para los estados miembros, que vele por el cumplimiento de los derechos de los menores que migran sin sus familias. No obstante, el Comité de Derechos del niño ha llegado a denunciar a España en numerosas ocasiones por no cumplir con el reconocimiento de niños solicitantes de asilo, el derecho a ser escuchados en un idioma comprensible y por las pruebas médicas intrusivas para determinar la edad de los menores. Marta Méndez asegura que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde dirige el departamento de Derechos Humanos, tiene un gran peso para determinar la situación de chavales y chavalas por las relaciones bilaterales entre países. De esta manera se puede localizar a la familia del menor en el país de origen, los acuerdos de repatriación entre estados, o las condiciones de asilo.
«España, Francia e Italia son los países europeos que están acogiendo a un mayor número de menores no acompañados», asegura Daniel Senovilla, investigador de la Universidad de Politiers en Francia. Senovilla parte del análisis del marco normativo europeo, que en teoría debería proteger a una población vulnerable termina por generar situaciones de mayor vulnerabilidad. No hay que olvidar que estos jóvenes tienen capacidad de agencia que tienen acciones propias para llevar a cabo sus proyectos vitales al margen de las instituciones.
El investigador comparte el testimonio de un chico maliense que atravesó el desierto en la frontera entre Mauritania y Marruecos. En Ceuta, este joven se declara mayor de edad para poder trabajar, evitar los centros de protección de esta ciudad autónoma (cuentan con un amplio historial de denuncias), y así evitar el bloqueo hasta la mayoría de edad. En la frontera franco-italiana y franco-española hay funcionarios que incumplen el reglamento de Dublín con el rechazo de entrada a personas que consideran que son mayores de edad cuando no lo son.
Para finalizar las jornadas interviene Mercedes Jiménez, doctora en antropología social especializada en fronteras, al explicar que «normalmente el punto de vista de los niños y niñas está silenciado»Jiménez en la experiencia de profesora de español en Tánger ha preguntado a varios chicos el porqué de emprender una travesía tan peligrosa. Intenta dar una respuesta Mohammed Bouchamir, de las asociación marroquí Wasata Sans Frontiers, al explicar que los motivos son muy variados para cada niño pero que a todos les une «el deseo común de mejorar su futuro a pesar de los peligros del viaje».
En el caso de Marruecos, una tasa de desempleo juvenil del 22’2% y las bajas expectativas para acceder a una educación superior mueven a los niños a arriesgarse a cruzar el Estrecho como polizones en barcos, en los bajos de camiones o en pequeñas lanchas hinchables. Bouchamir ofrece datos de cómo en la actualidad en Tánger hay 178 menores en situación de calle de los cuales un 60% dejó de estudiar en primaria y un 10% en secundaria. Las duras condiciones de la calle provocan que una parte de ellos caigan en problemas de consumo de pegamento, disolvente, hachís o cocaína, y en ocasiones, algunos chavales «los toman para no tener miedo cuando intentan colarse en un camión», asegura Bouchamir.
En estos 20 años se avanza a una comprensión «cada vez más racista, más criminalizada y con mayor visibilidad mediática de los menores que llegan», asegura Jiménez. Es necesario recordar la red compleja de relaciones sociales que tienen estos menores: una familia en su país de origen, un colegio que dejan, amigos que dejan y un educador social en un centro de menores. La clave está en ubicar nuestra intervención social teniendo en cuenta todos los sistemas de pertenencia de estos jóvenes.
Para todos los jóvenes en nuestro país cumplir los 18 años de edad es una fecha muy especial. Es el momento en que en España cumplimos la mayoría de edad con todo lo que conlleva esa mágica cifra. Supone que podemos empezar a conducir, ir por primera vez a votar, tomar una cerveza o estudiar una carrera. Sin embargo, también para una gran mayoría, solo es un número, es difícil que de un día para otro reúnas las condiciones para emanciparte del hogar. Todavía quedan años de formación, estudio, experiencia laboral, para poder alcanzar esa ansiada independencia que cada vez llega más tarde. Pero para una parte de los chavales y chavalas de nuestro país no tienen ese lujo, ya que con la mayoría de edad se les exige tener unos ingresos para regular su situación administrativa y así poder tener un futuro aquí. ¿Cuál es el modelo que queremos para nuestros hijos?